A primera hora de la mañana de ayer las comunidades del Pueblo Weenhayek Kyeuhyuk (El Quebracho) y O Ka Pukie (La Troja), ubicadas en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, en el municipio de Tartagal, denunciaron que parte de su territorio había sido alambrada por capataces y peones de una familia que insiste en adjudicarse la propiedad de esa tierra.
La situación agravó pasadas las 18, cuando una persona disparó contra el cacique de El Quebracho, Isaías Fernández, después de amenazar e intentar atropellar al ex cacique y padre de Isaías, Luciano Fernández.
La esposa de Isaías, Mónica Medina, relató que mientras estaban terminando de sacar los alambres y palos que habían sido colocados días atrás, llegó una persona identificada como el "ingeniero Pablo" y amenazó al anciano de la comunidad Luciano Fernández, diciéndole: "Viejito, a vos te conozco, en cualquier lugar te mato".
Acto seguido arrancó a toda velocidad la camioneta 4x4 que él mismo llegó manejando y "lo quería chocar y le erró", contó Medina. "Empecé a gritarle (a don Luciano) que se esquivara. Luego (el conductor) sacó su arma y disparó. Le erró a la cabeza de Isaías Fernández, el cacique", dijo llorando la mujer. Isaías dijo a Salta/12 que estaba "muy mal" por la conmoción que le provocó esta agresión.
Medina dijo que el tal ingeniero Pablo fue visto en el aeroclub de la zona, desde donde despegan las avionetas que fumigan los latifundios donde se siembra soja.
La niyat (cacica) de la comunidad La Troja, Nancy López, también integrante del directorio de la radio La Voz Indígena, destacó la gravedad de lo sucedido: "le apuntaron con un arma y gracias a Dios la bala no le pegó a Isaías", dijo. Aseguró que lo único que estaban haciendo era defender el territorio y que momentos antes del ataque con el arma de fuego, se había acercado una persona que se identificó como el secretario del ingeniero y les dijo que fue mandado por la "supuesta dueña del campo que está al oeste de la Comunidad" El Quebracho. Esta mujer sería María Monserrat.
López contó que, además de intentar atropellar a Luciano Fernández, el ingeniero quiso hacer lo mismo con Marisa, otra integrante de la Comunidad, "Quería pasarle con la camioneta por encima", relató. La cacica afirmó desconocer cuál es el vínculo del supuesto ingeniero con la familia Monserrat.
Ambas comunidades alertaron sobre el agravamiento del conflicto con criollos que expanden la frontera agropecuaria avanzando sobre territorio indígena en un comunicado emitido cerca del mediodía en el que afirmaron que están ante una "situación de extrema gravedad". Sostuvieron que pese a la ocupación tradicional, ancestral y actual del territorio, continúan sufriendo "intimidaciones, amenazas y la construcción de alambrados en nuestro territorio" de parte de personas ajenas a las comunidades que se presentan como dueñas de ese territorio.
"Estas comunidades comparten territorio y habitan el lugar desde tiempos antiguos, dedicándose a actividades de siembra, recolección y artesanías principalmente, que complementan con otros ingresos para lograr la subsistencia de las familias", relataron.
Las comunidades sostienen que los particulares que les disputan el territorio contraton a personas para que trabajen durante los fines de semana en el tendido de los alambrados. Además, pudieron saber que una de las personas contratadas por los terratenientes lleva un arma y realiza tiros a diario, "lo que acarrea un peligro inminente para niños, niñas y personas de la comunidad", advirtieron.
Por tal razón, solicitaron la "urgente intervención para detener la construcción de alambrados, frenar la violencia y atropellos a la comunidad", e hicieron responsable a los estados nacional, provincial y municipal por los hechos de violencia que vienen sufriendo y los que pudieran ocurrir en adelante.
Recuerdos del desalojo
Estas mismas comunidades atravesaron una situación similar en 2014, cuando sujfrieron un desalojo que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la madre de Isaías, luego de que sufriera un ACV como consecuencia del padecimiento que significó la violencia ejercida por efectivos policiales. "Estos hechos se realizaron por los mismos titulares registrales que hoy alambran y amenazan la comunidad", advirtieron en el escrito.
Mónica Medina recordó que en 2014 el día del desalojo significó "un dolor para nosotros". "Mi marido se levantó a las seis para ir a trabajar y vio que ya estaba la Policía (de Salta). Me despertó y me dijo: 'Estamos rodeados', yo me levanté y quise avisar a los demás y no me dio tiempo porque ya se venían". Acto seguido los efectivos atacaron a los hombres y golpearon a los referentes comunitarios: Rosendo y Luciano. "Los golpearon y los tiraron al piso, ahí los tenían", recordó Medina.
Eso provocó un enorme susto para todas las familias, especialmente para los niños y niñas que salieron corriendo por los caminos. "Yo traté de defender a mi marido y entonces me agarraron dos policías, me patearon en la pierna con todo y me tiraron al piso también y ahi me tenían", dijo Medina.
Sin embargo, después de ese desalojo pudieron recuperar el territorio. Sin embargo, en ningún momento desistieron las amenazas, manifestó López.
Ayer la cacica fue por la mañana a la comisaría de Tartagal para denunciar a los peones y capataces que proferían amenazas, también dirigidas a ella. En su caso particular, le decían que eran "bravísima", subrayando que "nunca me habían educado" y que ellos mismos lo harían, insinuando que harían uso de la fuerza para lograrlo.
Para la cacica, esas amenazas tienen que ver por su condición de mujer. "Yo vivo sola y no me lo decían sólo los serenos que cuidan el campo, sino también un hombre que dice que es un brigadista retirado". Si bien esta persona les dice que está en ese lugar "para que no haya enfrentamientos" entre las partes, "también está metiendo mano" en el tendido de los alambrados.
López adelantó que hoy harán la denuncia penal por el intento de asesinato de Isaías y Luciano Fernández, y también por las amenazas y los demás hechos de violencia que se cometieron en perjuicio de las personas de la Comunidad que se encontraban en ese momento en el lugar. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Policía de Salta, no brindaron información a este medio sobre los hechos denunciados por los miembros de las comunidades.
"Es urgente que se pare todo porque ya ha habido muertes en estas comunidades", insistió Nancy López.
Sin respeto a la ley
En 2018 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó a la Comunidad El Quebracho las carpetas que corresponden al relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública, ocupan esas comunidades indígenas. Este relevamiento es el previsto en la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y prohíbe cualquier acción de desalojo o desocupación de tierras.
"Tenemos el relevamiento de la carpeta técnica pero siguen diciendo que son los propietarios de las tierras. Mandan sicarios para amenazarnos todo el tiempo", sostuvo López. Aseguró que viven una injusticia porque los alambrados les impiden acceder a parte de su territorio, que en este caso representaría 90 hectáreas. "Es en la zona adonde acudimos todos los días para sacar leña, plantas medicinales, miel", contó.
Además, las comunidades afirmaron que recientemente los han intimado para que no se acerquen a la zona, y que lo mismo suele ocurrir cuando "los terratenientes vienen en su camioneta con la Policía (quienes llegan al lugar en el mismo vehículo que los titulares registrales)".
Aún así, López dijo que no permitirán que alambren la zona. "Cuando hablo de esto me duele mucho porque hay mucha injusticia sobre los pueblos originarios", más cuando ven que las fuerzas de seguridad apoyan las acciones de los terratenientes y "cuando nosotros necesitamos una seguridad para nuestras vidas no se acercan", cuestionó.
Las comunidades también denunciaron que los finqueros de la zona siguen sembrando monocultivos tratados con agroquímicos a metros de las viviendas comunitarias. "Esta situación pone en riesgo la salud de la población, sobre todo de ancianos y niños que sufren descomposturas y dolores de cabeza luego de la aplicación de los agrotóxicos. Por toda esta situación de violación de derechos, es que exigimos a las autoridades tomen acciones urgentes", sostuvieron en el comunicado.
