Desde París
El Ejecutivo francés confirmó lo que ya había trascendido hace algunas semanas: la compañía francesa de electricidad, EDF, será rápidamente renacionalizada en su totalidad mediante una operación que apunta a que el Estado controle el 100 por ciento de la empresa. Hoy, la parte pública asciende al 83,9 por ciento de EDF, el 1,5 lo tienen los empleados y el resto está en manos privadas. En total, la llamada "Oferta Pública de Compra" de la empresa representa una inversion de 9,7 mil millones de euros. Según precisó el Ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, la renacionalización de EDF deberá estar terminada de "aquí a septiembre para que la compañía de suministros eléctricos esté en condiciones de aplicar el programa nuevo nuclear y desplegar los dispositivos de las energías renovables".
Momento crítico
La decisión traduce tanto el momento crítico que se vive en el ámbito de los suministros eléctricos, las dificultades por las cuales atraviesa EDF y que le impiden estar a la altura de su misión como un cambio de orientación profundo por parte de un gobierno de claro perfil liberal. El precio actual de EDF es otro dato de su situación: en 2005, el entonces Primer Ministro Dominique de Villepin decidió introducir la compañía en la bolsa de valores por un monto de 32 euros por cada acción. 17 años más tarde, el Ejecutivo propondrá la acción a 12 euros. No es seguro que los accionistas minoritarios acepten hoy un precio tan bajo por una empresa que es clave para la llamada "independencia energética" de Francia. Sin embargo, con una deuda acumulada de seis mil millones de euros, atrasos considerables en las inversiones, en el mantenimiento del parque de centrales eléctricas así como la imposibilidad, en el estado actual, de llevar a cabo el plan de desarrollo fijado por el presidente Emmanuel Macron, EDF no puede caminar sin que el Estado la guíe. La responsabilidad de las malas cuentas de la EDF le incumbe en gran parte a la locura que, hace 20 años, se apoderó de los grandes grupos energéticos de Occidente, tanto privados como públicos, cuando se lanzaron a invertir miles de millones de dólares a través del mundo, particularmente en Europa luego de la liberalización del mercado de la energía decidido por la Unión Europea.
El pasado seis de julio, cuando la Primera Ministra Elisabeth Borne evocó la intención del Estado de tomar el 100 por ciento del control de la empresa de suministros eléctricos, lo hizo en nombre de dos objetivos: garantizar "la soberanía" y reforzar "las capacidades para permitirle a EDF desarrollar a corto plazo los proyectos ambiciosos indispensables para nuestro porvenir energético". La guerra en Ucrania reveló la enorme dependencia energética de Europa con Rusia en lo que atañe los hidrocarburos. Con el conflicto en el medio y con el hecho de que la energía y los alimentos se convirtieron en variables esenciales de la guerra, reforzar la independencia energética se tornó más urgente que nunca. "Debemos garantizar nuestra soberanía frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania", dijo a principios de julio Borne, la responsable del Ejecutivo. A su vez, el titular de la cartera de Economía puso la renacionalización completa de EDF como un eslabón indispensable para hacer frente a los trastornos energéticos que se prevén. Bruno Le Maire explicó que la nacionalización a un 100 por ciento de la empresa le va a permitir a Francia "actuar rápidamente" frente a una crisis energética que "será un problema considerable con la posibilidad de un corte en los suministros del gas ruso".
Pérdidas
Poco a poco, EDF se fue quedando en el camino sin ser capaz de asumir ni siquiera los objetivos que le fueron fijando para su desarrollo. La construcción de un nuevo modelo de reactor, el EPR, lleva empantanada desde hace 10 años con un costo que se multiplicó por cuatro en la última década. Hay también centrales nucleares cuyos reactores están fuera de funcionamiento debido a graves problemas de mantenimiento (12 reactores parados de un total de 52). Para la empresa, ello acarrea cada año una baja considerable de la producción y, por consiguiente, más pérdidas. En mayo pasado, EDF calculó que todos sus problemas de desarrollo, de mantenimiento, de precios y de pérdida de la producción le costarían unos 18 mil millones de euros. A ello se le agrega la guerra en Ucrania y todos los subes y bajas que hubo en el mercado de la electricidad desde hace seis meses que obligaron al Ejecutivo a forzar a EDF a vender más barata su electricidad a las compañías concurrentes para limitar el alza de los precios en las facturas de la luz de las PME y los ciudadanos.
Todo este contexto alejó a EDF del ambicioso camino que le fijó Macron: por un lado, la construcción de otras seis centrales nucleares, por el otro, el desarrollo de un nuevo tipo de reactor, EPR2, así como la ampliación de los dispositivos de energía solar y eólica. Sin embargo, el corazón del proyecto se apoya esencialmente en la energía nuclear y no en las alternativas. EDF vuelve así enteramente a las manos del Estado luego de haber fracasado en sus principales misiones cuando funcionaba como una empresa mixta. Ante la guerra y las amenazas, sólo el poder del Estado ofrece, hoy, una alternativa segura. Ya no se ve tanto a los suministros energéticos como un negocio sino como una pieza clave de la independencia nacional.
