Hace quince días el juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa por la vigilancia a familiares de Santiago Maldonado y a organismos de derechos humanos realizada por el gobierno de Macri y sus fuerzas represivas, con el argumento de que se “investigó a fondo” todo lo denunciado y no se encontró ninguna ilegalidad en lo hecho por Gendarmería y sus jefes políticos. Asimismo, sostuvo que los seguimientos que realizaron gendarmes a la familia Maldonado buscaron prevenir la “alteración del orden público”. La querella encabezada por Myriam Bregman y Matías Aufieri apeló ante la Cámara Federal el fallo que benefició a los funcionarios de Patricia Bullrich. "La apelación a que Gendarmería recababa información sobre los movimientos y actividadades públicas y privadas o personales de las personas, sólo para prevenir potenciales AOP (alteraciones del orden público), es la vieja y agraviante justificación que históricamente utilizan estas fuerzas u órganos de inteligencia para espiar colectivos de manifestantes; resoluciones que justifican dicho accionar ilegal son el huevo de la serpiente", dijo Aufieri a Página/12.
En 2017 se inició la causa contra el espionaje del que estaban siendo víctimas tanto Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, periodistas y miembros de organizaciones como la APDH de la región patagónica, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Maldonado había descripto que fue blanco de seguimientos en los primeros meses de la desaparición de su hermano, cuando aún no había aparecido su cuerpo sin vida en el río Chubut, el 17 de octubre de 2017. La querella había planteado que también fueron espiados Cortiñas, referentes mapuches, periodistas y miembros de la red de apoyo a comunidades originarias en conflicto de la Patagonia. Desde el juzgado indicaron que investigaron "a fondo las situaciones que nos trajo Maldonado y ninguna de ellas dio indicios de que haya habido un seguimiento hacia él y la gente que estaba a su lado". Rafecas sobreseyó al ex número tres del Ministerio de Seguridad que conducía Bullrich, Gonzalo Cané, y al comandante Fabián Méndez, ex jefe del Escuadrón de Gendarmería en El Bolsón, que se había autoimputado para controlar la causa.
"Las pruebas del espionaje ilegal están en las primeras 40 fojas del expediente", explicó el abogado Aufieri. Son las capturas de las conversaciones de Whatsapp surgidas de los peritajes a los celulares de aquellos gendarmes que participaron de la represión y persecución tras la cual Santiago permaneció desaparecido por 78 días. Puntualmente, el teléfono de Fabián Méndez arrojó una actividad ilegal continua, a la luz de los mensajes que recibía del CRINEU (Centro de Reunión de Información de Neuquén).
"Una instrucción correcta debiera haber proveído las medidas de prueba pedidas por esta querella, ni más ni menos que identificar al miembro del CRINEU que enviaba esos mensajes que concentraban el producto del espionaje ilegal a familiares, querellantes, y pobladores originarios que reclamaban", consta en la apelación. "Tampoco se proveyó la medida propuesta tendiente a conocer el accionar, objetivos, modus operandi de esa división de Gendarmería que denotó un accionar tan ilegal como continuo. Por ello el archivo es arbitrario y debe ser considerado nulo, revocándose al sentencia del juez de grado y procederse a continuar la investigación", agregaron Bregman y Aufieri.
En definitiva, indicaron que "convalidar que el seguimiento a Sergio y su pareja, a un querellante, a periodistas, a 150 manifestantes dando cuenta de la pertenencia "mapuche" de 30 de ellos, reunir información acerca de dónde y cuándo hablarán los familiares o dirigentes originarios, más allá que algunas de esas actividades luego fueran realizadas públicamente, es un atentado gravísimo a las libertades democráticas conquistadas tras el horror de la última dictadura, y no podemos sino denunciar este alarmante retroceso".
Ejes nodales
El primer eje de la denuncia son datos duros más que hipótesis, son los mensajes mencionados. El segundo eran los seguimientos y "es la línea a la que más apuntó el juzgado instructor, pero por la demora en proveerse las pruebas no pudo llegar a otro destino que al arribado: imposibilidad de constatar los seguimientos denunciados". Fueron numerosos hechos que distintos testigos enumeraron, complementando el espionaje revelado y acreditado por las conversaciones del CRINEU y Méndez. "Claro que al ordenarse un año y medio después de los hechos, la remisión de videos en lugares señalados como escenarios de hechos de espionaje y seguimiento como hoteles estaciones de servicio y restaurantes de Esquel, Buenos Aires y otras localidades del sur del país, el único resultado esperable es la inexistencia de tales videos".
Según la apelación, lo mismo sucedió con los requerimientos a fuerzas de seguridad y armadas para que informen si alguna de las identidades obtenidas en hoteles donde Sergio Maldonado denunció seguimientos, se correspondía con personal de esas fuerzas. "¿Podrían haberse registrado en un hotel con la misión asignada de espiar ilegalmente, y registrarse con sus verdaderas identidades? O bien ¿podrían las propias fuerzas que los enviaron, revelar sus identidades y así asumir que los enviaron a cometer delitos?", se preguntaron los abogados.
El tercer eje de la denuncia fue desestimado por el juez instructor, y deriva del trabajo de investigación periodística de medios chilenos y argentinos en torno a lo que en Chile se conoció como Operativo Huracán, y que reveló la conspiración de Carabineros y Gendarmería a ambos lados de la Cordillera contra la comunidad mapuche que reclama a los respectivos Estados. Esa investgación permitió conocer que Jorge Domínguez y Rafael Benz, por orden de Patricia Bullrich y en continuo contacto con ella, investigaban de manera clandestina para armar relatos que permitieran encubrir la desaparición de Santiago Maldonado. "El material que se enviaban en tiempo real CRINEU, el gendarme Collinet (Siempre Bajo la Manga Az) y Méndez, acerca de las fake news que invadían los medios de comunicación durante la búsqueda de Santiago, da cuenta uno de los nudos centrales del espionaje estatal contra particulares, dirigido a encubrir el propio accionar ilegal estatal", describieron en su escrito de apelación.
"Fueron infructuosos nuestros planteos, y la declaración testimonial de Sergio Maldonado, que vinculando a esa actividad ilegal binacional, señaló diversos hechos sufridos en Chile mientras continuaba con la búsqueda de su hermano. Mucho de lo allí relatado no fue incorporado a su declaración". Bregman y Aufieri concluyeron que "todo esto da cuenta de la falta de voluntad para una investigación consecuente y profunda, en base a la múltiple prueba ofrecida , y también producida. En ese marco, el archivo de la causa, deviene en uno de los más preocupantes antecedentes a los que asistimos en el último tiempo, en sentido de justificar el espionaje ilegal del Estado a particulares en situaciones particularmente vulnerables, como las que viven familiares u organismos que buscan a una persona desaparecida".
Para instar a la Cámara a revertir el fallo de Rafecas, los representantes de Maldonado dijeron que "la apelación a que Gendarmería (o la fuerza implicada de turno) recababa información sobre los movimientos y actividadades públicas y privadas o personales de las personas, sólo para prevenir potenciales AOP, es la vieja y agraviante justificación que históricamente utilizan estas fuerzas u órganos de inteligencia para espiar colectivos de manifestantes. Parte de considerar amenazas, posibles delincuentes a los militantes políticos, sociales, sindicales, y llega a extremos como vemos actualmente, en que directamente se acusa a esas organizaciones de constituir 'asociaciones ilícitas'. Resoluciones que justifican dicho accionar ilegal son el huevo de la serpiente".
