Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur, enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80% de los envíos al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.
Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.
La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un depósito de Campana, con destino a Uruguay.
El sábado, en un operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor.
«La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir», dijo a Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.
En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de operatorias, afirmó que «se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas» ya que la actividad del sector se basa en «declaraciones juradas de las propias empresas».
