Desde que se conoció la noticia de la muerte de Miguel Osvaldo Etchecolatz, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla no dejó de recibir mensajes en su teléfono. Es que su padre, el magistrado Juan Ramos Padilla, lo investigó y Alejo, como abogado querellante de la mano de María Isabel “Chicha” Mariani de Chorobik, fue uno de los más activos en la denuncia contra el exdirector general de investigaciones de la Policía Bonaerense durante los años más crudos de la última dictadura.

“Etchecolatz es un ejemplo que nos permitió poner frente a la sociedad muchas de las cosas atroces que hizo la dictadura, como el secuestro de niños como Clara Anahí, las torturas a Alfredo Bravo o la desaparición de los jóvenes de la Noche de los Lápices”, le dice Alejo Ramos Padilla a Página/12.

“Sin embargo, es tan repugnante él como todos los civiles que se beneficiaron con ese orden social que implantó con la muerte y la desaparición de miles de argentinos, civiles que aun siguen impunes”, agrega el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata. “Como jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense, Etchecolatz cumplió las órdenes de (Ramón) Camps, de (Jaime Lamont) Smart y de los que se beneficiaron con ese nuevo orden social”, resalta Ramos Padilla.

En 2006, Ramos Padilla (hijo) fue quien le advirtió al Tribunal Oral Federal (TOF)1 de La Plata –que presidía Carlos Rozanski– que Etchecolatz tenía un arma en su casa. Lo sabía porque él mismo había tenido que forcejear con el represor cuando fueron al departamento con una oficial de justicia para intentar cobrar un juicio que le había ganado Alfredo Bravo. Etchecolatz, entonces, le apuntó a Ramos Padilla (padre) y Alejo se le abalanzó para quitarle el arma.

En ese primer juicio –iniciado tras la caída de las leyes de impunidad y en el que, por primera vez, se reconoció que en Argentina existió un genocidio– un plantel de lujo de abogados querellantes –integrado, entre otros, por Ramos Padilla (hijo), Guadalupe Godoy y Myriam Bregman– logró que Etchecolatz volviera a la cárcel común.

El juez es consciente que la muerte de Etchecolatz no solo implica que se llevó sus secretos más macabros a la tumba, sino que también su muerte significa un cimbronazo para las investigaciones de lesa humanidad que lo han tenido como figura estable, particularmente en la jurisdicción de La Plata. “Si estuvieran Chicha Mariani y Alfredo Bravo, seguramente estaríamos reunidos en la casa de Chicha o en algún bar, pensando cómo seguir con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, cierra.