Las sanciones que el tribunal militar aplicó a cinco altos oficiales de la Armada Argentina por la muerte de los 44 tripulantes a bordo del submarino ARA San Juan fueron medidas "disciplinarias" con las que se buscó "ejemplificar y restablecer la cadena de mando" al interior de la fuerza, siendo hasta el momento los únicos castigos a responsables de una tragedia de la que ya pasaron cinco años.
El 25 de noviembre del 2020 comenzó a funcionar en el Edificio Libertador el Consejo General de Guerra, un tribunal que tuvo el objeto de analizar las responsabilidades de ocho altos oficiales de la Armada por el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
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Luego de cuatro meses de investigación, informes periciales y declaraciones de testigos, el lunes 22 de marzo de 2021 el tribunal militar emitió un documento de 140 carillas en el que fundamentó las sanciones a cinco altos mandos de la Armada que tenían responsabilidad sobre el submarino.
"Se logró dar una respuesta institucionalmente razonable de actuación disciplinaria", dijo a Télam el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien integró el Consejo de Guerra junto al jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea).
El tribunal militar ordenó destituir al exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de navío Claudio Villamide, y dispuso un arresto por 45 días al exjefe de la Armada, Marcelo Srur, dos de las penas más relevantes.
Villamide fue sancionado por "negligencia", al entender que dejó en evidencia "falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo", mientras que Srur fue penalizado por informar de manera "incompleta" al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, "impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública".
Rossi, quien presidió el Consejo de Guerra durante sus cuatro meses, consideró que estas penas tuvieron el objetivo de "juzgar la parte disciplinaria y la actitud ante el siniestro" que tuvo el submarino mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, donde un presunto principio de incendio en uno de sus tanques de baterías derivó en su naufragio.
"La sanción es para ejemplificar y para restablecer la cadena de mando", resaltó el funcionario, y añadió que la investigación "tuvo celeridad" y logró "afrontar un problema".
El antecedente de un Consejo de Guerra de esta magnitud en las FFAA sólo puede encontrarse tras el conflicto bélico con el Reino Unido por las Islas Malvinas en 1982, un momento histórico en el que el marco regulatorio de las sanciones sólo contemplaba reclusión para miembros de la fuerza.
Sin embargo, el tribunal militar que juzgó responsabilidades en la tragedia del ARA San Juan fue regulado por la Ley de Justicia Militar 26.394, una norma sancionada en febrero de 2009 y que prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.
En ese sentido, Rossi subrayó que la decisión del Consejo de Guerra fue "importante en términos militares" y que, pese a "debates periodísticos" en torno a cómo repercutirían las sanciones al interior de la Armada, estas "no afectaron" a la cadena de mandos de la institución.
"Decían que si se tomaba una sanción nunca nadie más iba a querer navegar porque se estaba sancionando al jefe de la fuerza de submarinos y a las autoridades. No parece haber sucedido. La Armada ha navegado un montón", resaltó el secretario de Estrategia y Asuntos Militares.
Asimismo, Rossi señaló que el Consejo de Guerra tuvo la intención de "evaluar la gestión de la crisis" para desmitificar que "en la Argentina se hunde un submarino, pasa cualquier cosa, y no hay responsable".
"El perjuicio hubiera sido si no pasaba nada, ahí había una exigencia, mezclada por la desatención anterior", destacó el funcionario sobre la "tragedia" que no sólo "impactó" en la fuerza sino en toda la sociedad.
Los demás oficiales castigados fueron el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata Hugo Correa, exjefe de Operaciones.
Mazzeo recibió la sanción de 15 días de arresto, por encontrarse con procesamiento confirmado en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de la jueza Marta Yáñez, en la que también están procesados Villamide, Alonso y Correa.
Por su parte, Alonso tuvo una sanción del tribunal militar de 30 días de arresto riguroso por "no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante".
En tanto, Correa también fue sancionado con 30 días de arresto riguroso y, al igual que a Alonso, se le aplicó esa sanción sin destitución porque ambos se encuentran procesados en la causa de Caleta Olivia.
A su vez, fueron absueltos por falta de mérito el capitán de corbeta Jorge Sullia, exjefe de Logística; el contraalmirante retirado Eduardo Malchioldi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; y el capitán de navío retirado Carlos Ferraro, exjefe de Operaciones.
Informe: Javier Peverelli para Agencia Télam
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